Ante la denuncia contra el juez del Consejo de la Judicatura Federal José Díaz de León por dar plazas en su juzgado a cambio de una “renta” mensual, la dependencia emitió un comunicado en el que afirma que indagará quién fue la persona que filtró el documento para sancionarlo; sin embargo, no desmintió que investigue al juzgador.
A través de su portal web, la dependencia aclaró: “en relación con versiones periodísticas que refieren una investigación en contra de un juzgador por presuntamente exigir un porcentaje de sueldo a sus trabajadores, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informa del inicio de una indagatoria interna para detectar al funcionario público que facilitó la ilegal filtración de documentos reservados”, de acuerdo con el comunicado.
El documento, fechado el 1 de diciembre de 2017, señala que la información divulgada es imprecisa, y corresponde a una versión original, de mera investigación, pero no es concluyente; asimismo, asegura que al hacer públicos los nombres de terceras personas, en un proceso de investigación, se violan los derechos humanos, de privacidad y de presunta inocencia de los presuntos culpables.
Al final del comunicado se declara que el CJF ejecuta todos sus procedimientos internos con apego a los lineamientos de sigilo y protección a los datos personales.
En caso de que se compruebe esta acusación al presunto infractor, indicaría que obtiene beneficios adicionales a las contraprestaciones que el Consejo le otorga por el desempeño de su cargo, por lo tanto se podría comprobar falsedad en la rendición de sus declaraciones patrimoniales.
