La Cámara de Representantes de Colombia aprobó la conformación de un tribunal especial para juzgar y sancionar a los antiguos comandantes de las FARC acusados de cometer delitos de lesa humanidad en medio del conflicto armado, quienes con algunas excepciones podrán participar en política pese a los castigos que reciban.
La denominada Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada el lunes hacia la medianoche, es considerada la columna vertebral para implementar el acuerdo que se firmó hace un año con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que busca acabar un conflicto interno de más de medio siglo que ha dejado 220 mil muertos.
Con las modificaciones, los antiguos líderes y combatientes guerrilleros podrán participar en política, pero enfrentan el riesgo de perder beneficios si cometieron abusos sexuales contra menores de edad, e incluso ser extraditados por crímenes cometidos tras la culminación del proceso de paz.
Se logró una JEP con dientes. El miembro de las FARC que cometa un delito reincidente saldrá inmediatamente del régimen especial y se va para la jurisdicción ordinaria. Los delitos sexuales no se cobijarán”, dijo a periodistas el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara.
El presidente de la FARC y ahora candidato presidencial Rodrigo Londoño, denunció que los recientes cambios a la JEP, como el sistema de selección de los magistrados, ponen en riesgo la implementación del acuerdo de paz y evidencian el incumplimiento por parte del Estado.
Bajo el nuevo sistema, quienes reconozcan responsabilidad y verdad en infracciones graves de los derechos humanos recibirán una sanción de entre cinco y ocho años, incluyendo restricciones efectivas de algunas libertades y derechos como la movilidad.
