El vocero del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, lamentó los heridos en los incidentes del domingo pasado en la consulta, considerada como ilegal por el gobierno central, realizada en Cataluña; apuntó que la cifra dada por las autoridades regionales, cercana a las 900 personas, no se ajusta a la realidad.
Por su parte, el delegado del gobierno español en Cataluña, Enric Millo, respaldó la actuación policial del domingo, aunque añadió: “Cuando he visto las imágenes, y sé que hay personas que han recibido golpes, empujones y hay una persona en el hospital, sólo puedo pedir disculpas”.
El gobierno catalán informó de que 893 personas fueron atendidas por los servicios sanitarios por heridas, contusiones, y ataques de nervios. Mientras que el Ministerio del Interior cifró en 431 los policías y guardias civiles heridos durante su intervención.
Por otro lado, la perspectiva de una declaración unilateral de independencia impulsó el éxodo de empresas con sede en Cataluña hacia otros lugares del España, en el mismo día en el que el Ejecutivo regional catalán cifró en 43% la tasa de participación en el referéndum en el que 90.18% dijo “sí” a la secesión.
Dos de esas empresas son la multinacional Gas Natural, con una importante presencia internacional, y CaixaBank, el primer banco catalán y tercero de España, que anunciaron el traslado de sus domicilios sociales a Madrid y Valencia, respectivamente.
La salida de Cataluña de ambas firmas se produjo horas después de que el Consejo de Ministros español aprobara un decreto ley para agilizar el cambio de sede fiscal de las entidades que así lo deseen.
El expresidente catalán, que inició el proceso secesionista, Artur Mas, dijo que Cataluña todavía no cuenta con lo necesario para ser independiente.
“Para ser independientes hay algunas cosas que todavía no tenemos”, dijo Mas, que se refiere a instrumentos estatales como el control del territorio o una administración fiscal consolidada.
