La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebró este jueves la primera de varias audiencias públicas para analizar si las denuncias sobre crímenes cometidos en Venezuela pueden constituir delitos de lesa humanidad que deban ser investigados por la Corte Penal Internacional.
El organismo hemisférico inició el procedimiento pese a la renuencia de Caracas, que esta semana se quejó ante el Consejo Permanente alegando que la OEA no tiene competencia para actuar como tribunal internacional.
Venezuela, que inició en abril un trámite de dos años para abandonar la OEA, no envió una delegación oficial a la sesión, que contó con la asistencia de escasos Estados miembros.
El asesor especial del secretario general de la OEA para temas de crímenes de lesa humanidad y ex fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, interpeló a cuatro activistas de derechos humanos que aportaron información sobre la conducta de las autoridades venezolanas.
Julio Henríquez, representante del Foro Penal Venezolano, comentó que en Venezuela los abusos ocurren de forma sistemática.
No son fortuitos sino por un plan del gobierno de persecución para mantenerse en el poder y usa represión que se manifiesta con crímenes específicos, no solo de lesa humanidad”.
La nación caribeña atraviesa una crisis económica y política agudizada por cuatro meses de protestas antigubernamentales que dejaron más de 120 muertos, casi 2 mil heridos y más de mil detenidos.
Tamara Sujú, directora del Centro de Estudios de América Latina, aseguró tener documentados 289 casos de personas presuntamente torturadas desde que el presidente Nicolás Maduro asumió el poder en 2013.
Moreno Ocampo interpelará a tres ex efectivos militares venezolanos durante una segunda audiencia prevista el viernes.
El ex fiscal, quien interrumpió con frecuencia a los ponentes para pedirle detalles adicionales o aclaraciones, dijo que planea difundir públicamente el mes próximo la información recabada a través de testimonios orales y cuestionarios por escrito.
Las audiencias buscan determinar si las violaciones de los derechos humanos denunciadas en Venezuela responden a una política sistemática, quiénes serían los máximos responsables y si enfrentan procesos legítimos en la justicia venezolana.
Venezuela fue el primer país sudamericano en ratificar el Estatuto de Roma en diciembre de 2002.
De llegarse a esa conclusión el secretario general de la OEA Luis Almagro podría remitir el informe a la CPI o gestionar que alguno de los 28 países miembros de la OEA que reconoce la autoridad de la CPI eleve el caso.
La CPI, gobernada por un tratado internacional llamado Estatuto de Roma, es la primera corte penal permanente de ámbito internacional y su meta es investigar y enjuiciar a individuos acusados de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
