¿Qué pasará el 1 de octubre? Es la pregunta que centra casi todas las conversaciones en España.
Muy pocos se atreven a especular sobre lo que ocurrirá el domingo, cuando el gobierno de Cataluña pretende celebrar un referéndum de independencia, suspendido por el Tribunal Constitucional y considerado “ilegal” por el gobierno de Mariano Rajoy.
Si dirigimos esa pregunta a los actores políticos, la duda deviene en certeza: “El referéndum se va a celebrar”, asegura el presidente catalán, Carles Puigdemont.
Quizá lo único que se puede asegurar es que este 1 de octubre cientos de miles de catalanes intentarán depositar una boleta en una urna, las haya o no.
Esta acción sería, en teoría, el inicio del fin del llamado procés catalán, en el que, de ganar el “Sí”, el Parlamento podría declarar, en menos de 48 horas, la independencia.
Para evitar los planes independentistas, la justicia española se puso en marcha y consiguió neutralizar la logística del referéndum.
La Guardia Civil incautó casi 10 millones de papeletas y propaganda en favor del “Sí”. También bloqueó 140 páginas web de apoyo al referéndum y ayer localizó urnas electorales.
Además, las finanzas de la región están bajo la tutela del estado español; 14 cargos del gobierno catalán fueron detenidos –y luego puestos en libertad– acusados de organizar “un referéndum ilegal”; 41 oficinas locales fueron registradas; más de 700 alcaldes están amenazados con acciones legales y se disolvió la comisión electoral que verificaría el referéndum.
Todas estas acciones constituyen la respuesta del gobierno de Mariano Rajoy a lo que considera “un desafío” por parte de las fuerzas independentistas, que hace una semanas aprobaron en el Parlamento regional dos leyes que pretenden ser el paraguas legal que les permita “desconectar” de España.
Ambas normativas, tal como se esperaba, fueron suspendidas por el Tribunal Constitucional
En los últimos días, las manifestaciones no han hecho más que aumentar y los discursos de los líderes independentistas han subido de tono: ya no se trata de votar por la secesión, sino de “defender la democracia frente a la represión del Estado español”.
Mientras, desde la ONU llegó ayer una advertencia al gobierno de Rajoy: “España debe respetar los derechos fundamentales en respuesta al referéndum catalán”.
Expertos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exigen que se garantice que “las medidas adoptadas contra el referéndum catalán no interfieran con los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública”.
