Un juez federal de Chicago bloqueó este viernes las nuevas reglas del presidente Donald Trump para retener fondos federales a las ciudades que establecen políticas santuario para proteger a los indocumentados.
En un fallo de 41 páginas, el juez de distrito Harry Leinenweber dictaminó que la Alcaldía de Chicago había probado la probabilidad de éxito de los argumentos de su demanda presentada el mes pasado contra el gobierno federal.
Según la demanda, el fiscal federal Jeff Sessions excedió su autoridad al imponer nuevos estándares a la concesión de la subvención Edward Byrne Memorial Justice, destinada a los departamentos policiales.
El juez señaló que también quedó demostrado que la ciudad podría sufrir un daño irreparable en sus relaciones con la comunidad inmigrante si cumpliera que los nuevos estándares del Departamento de Justicia.
Una vez que se pierde esa confianza, no se puede reparar y es del tipo de daño que es especialmente difícil de rectificar si tuviéramos que esperar a que la demanda sea resuelta”, agregó.
En un memorando, Sessions expresó que se negarían los fondos porque las ciudades santuario no cumplen voluntariamente con la ley federal que obliga a los Gobiernos locales a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de las personas bajo su custodia.
Según apuntó, esas ciudades limitan el cumplimiento de las retenciones de indocumentados en las cárceles, pedidas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), no informan cuándo un indocumentado está por ser liberado y prohíben que las fuerzas policiales pregunten sobre el estatus migratorio de las personas en encuentros rutinarios.
El bloqueo preliminar se aplicará en todo el país, donde hay unas 600 ciudades y condados que establecen políticas santuario y que podrían ser afectadas por la medida.
Al presentar la demanda, el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, argumentó que los nuevos estándares obligaban a las autoridades locales a comunicar a ICE con 48 horas de anticipación la liberación de personas que fueran sospechosas de ser indocumentadas, un plazo considerado inconstitucional.
