El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri respondió este sábado a la multitudinaria manifestación del viernes en que se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado ratificando en su puesto a la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuya renuncia pidieron los manifestantes, antes de ser brutalmente reprimidos por la policía.
Tras la represión oficial se documentaron 17 heridos y 31 detenidos, entre ellos siete periodistas y camarógrafos, a quienes al parecer se mantiene ilegalmente incomunicados.
El jefe de gabinete, Marcos Peña declaró: “respaldamos el trabajo que viene haciendo Patricia Bullrich, no sólo en este tema, sino en la lucha contra el narcotráfico”. Y sobre los reclamos de la familia de Maldonado sostuvo: “no vamos a discutir las críticas de un familiar en una situación así”.
También defendió a los gendarmes: “Lo que uno ve es que no hay un elemento concreto y fehaciente que permita verificar la denuncia de que (Santiago) fue llevado por gendarmería”.
El caso de Maldonado un joven de 28 años, quien estudió en escuelas de arte y se había trasladado desde Buenos Aires al sur del país, donde conoció las injusticias contra los pueblos originarios en este país y en Chile y se acercó solidariamente a la comunidad mapuche en la demanda de sus derechos ancestrales sobre las tierras de las que fueron despojados.
Fue en estas circunstancias que el 1o de agosto pasado, acompañó una protesta de unos siete mapuches que bloquearon una carretera en Esquel, Chubut. Gendarmes lanzaron un operativo brutal durante el que fue detenido Maldonado y subido a una camioneta sin que hasta hoy se sepa su paradero.
Su familia y organismos de Derechos Humanos lo buscan, y pese a que cuentan con pruebas de video y testimonios de cuatro personas, el gobierno no ha respondido y la investigación está parada.
La situación se agravó en estas horas, en que los abogados de los 31 detenidos, sus familias y sus compañeros se mantuvieron en vigilia ante las comisarías adonde éstos fueron llevados, golpeados y maltratados por sus captores. Estos hechos fueron filmados especialmente por la Red Nacional de Medios Alternativos, además de que existen varios testigos.
También se denunció que desconocidos se infiltraron entre los manifestantes cuando la concentración del sábado ya se había terminado y cometieron actos de vandalismo en una acción preparada para justificar la represión.
En Buenos Aires se vio a varios hombres de negro que arrojaron piedras contra una sede de Gendarmería, rompieron vidrios y destruyeron todo a su paso. En Chubut, otros grupos actuaron de la misma forma.
Abogados, juristas y organismos de Derechos Humanos dieron una conferencia de prensa este sábado donde mostraron las listas de detenidos que lograron actualizar. María del Carmen Verdú abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) dijo que esta presencia constante frente a las comisarías logró que la justicia adelantara para mañana domingo las declaraciones indagatorias que había fijado para el próximo lunes, mientras que los detenidos en la manifestación siguen incomunicados.
Abogados tanto de la Correpi como del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) representarán legalmente a varios de los detenidos para acelerar trámites y apresurar su liberación. Hay acusaciones insólitas de “intimidación pública”, “resistencia a la autoridad” entre otras.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires sostuvo en un comunicado que “la brutal cacería que desplegó la Policía de Ciudad al término de la masiva movilización por la aparición con vida de Santiago Maldonado incluyó graves atentados contra la libertad de prensa”.
Entre las detenciones arbitrarias que efectuaron hay cuatro compañeros que se encontraban registrando los hechos. Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de la escuela de Asociación de Reporteros Gráficos (ARGRA), quien fue trasladado en primer lugar a la comisaría Primera en pleno centro y luego de unas horas de llevarlo dando vueltas en un móvil policial lo alojaron en una comisaría en el otro extremo de la Ciudad.
Juan Pablo Mourenza, muy golpeado por los policías y Ezequiel Hugo Medone, integrantes de la Red y el fotógrafo Daniel Castro Marín, fueron llevados a la comisaría 15.
La brutalidad policial contra la prensa fue una constante durante la represión. El equipo del noticiero de la TV Pública también sufrió a violencia policial: dos trabajadores del canal recibieron gas pimienta en sus rostros, una movilera de Canal 13/TN resultó afectada por el gas pimienta arrojado en sus ojos por la policía.
Un fotógrafo de la Colectiva Fotografía a Pedal recibió una bala de goma en la nuca, mientras que a un compañero de la Agencia de Noticias Redacción (ANRed) “le llenaron el cuerpo de balazos de goma y le arrojaron gas pimienta cuando preguntó a dónde trasladaban a los detenidos”, según testimonios de esos grupos.
