El colapso del Colegio Rébsamen, el pasado 19 de septiembre, fue culpa de una decena de funcionarios de la delegación Tlalpan que, por omisión y corrupción, permitieron una construcción sin revisar la seguridad estructural requerida por los cambios en el edificio del plantel.

Así lo concluyeron los abogados Ernesto Villanueva, Claudia de Buen y Julio Gutiérrez al mostrar pruebas de las anomalías en las que se incurrió al permitir esa construcción y, aseguraron, por las que “se debe castigar tanto a los servidores públicos involucrados como a la dueña del colegio, así como indemnizar a los familiares que perdieron a sus hijos en este derrumbe”.

Durante la sesión especial que ofrecieron en el auditorio de la Barra Mexicana de Abogados, señalaron: “hoy sabemos que hubo un daño estructural en el primer sismo del 7 de septiembre y el DRO dio visto bueno, taparon el daño y el DRO manifestó que estaba correcto, cuando no era así, y esto en derecho es daño punitivo”.

Los abogados defensores de las familias que perdieron a sus hijos durante el colapso del Colegio Enrique Rébsamen exigieron que se valore los distintos grados de responsabilidad y conducta de los implicados desde 2009 a la fecha, entre ellos autoridades que en su momento estuvieron al frente, no sólo de la delegación Tlalpan, como Claudia Sheimbaum, sino también del Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Delegación Tlalpan, Instituto para la Seguridad de las Construcciones del DF, y Secretaría de Educación Pública.

Los miembros de la Barra Mexicana de Abogados determinaron que en el avance de su análisis jurídico el colapso no lo causó el sismo sino “los defectos en la estructura y la construcción”. Expusieron que su derrumbe fue culpa también de funcionarios de la delegación Tlalpan que, por omisión y corrupción, permitieron una construcción.

Afirmaron que no sólo la delegación ha tenido responsabilidad, sino “también el gobierno capitalino porque la Ley de Desarrollo Urbano señala que el jefe de Gobierno tiene obligación en materia de obras, a través de Seduvi, por lo que no hizo las verificaciones y supervisiones de las obras que autorizan las delegaciones”.